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«El Ayuntamiento llegará hasta donde pueda llegar siempre que sea el dueño»

Desde el Ayuntamiento de Huelva tienen claro hasta donde podrán llegar con el ‘caso Pablo Comas’ y el futuro del club. En unas nuevas declaraciones de Francisco Muñoz, segundo teniente alcalde del Ayuntamiento de Huelva y concejal de Economía y Hacienda, habló de la situación institucional tras la negativa de Gildoy España de encontrar una solución pactada. La ley dictaminará sentencia y ante la ley poco más podrán hacer. Así de taxativo se mostró.

En una entrevista concedida al programa ‘La Prórroga’ de Huelva TV, el político y hombre fuerte del consistorio onubense con respecto a los asuntos relacionados con el Decano, como actuales propietarios que son, volvió a explicar que «desde que salió la sentencia en el mes de enero, se interpusieron recursos de casación ante el Tribunal Supremo y subsidiario también en casación ante el TSJA. Hay una preadmisibilidad que está admitida por parte del Tribunal Supremo. Es una parte del procedimiento donde se mira si el recurso cumple con los recursos procedimentales legales. Les ha dicho que sí, que los cumple y ahora queda que digan si se admite a trámite el propio recurso. Si se admite a trámite, continuará su tramitación ante el Tribunal Supremo y terminará con una sentencia, en el sentido que sea, y si no se admite a trámite, se tendrá en firme la nulidad de la expropiación. Mientras tanto en el camino, hemos valorado todas las opciones que existían y una de ellas, sobre la que hemos puesto mucho énfasis y un enorme interés, ha sido el de intentar alcanzar algún tipo de acuerdo con Gildoy España, para que saliera del ámbito suyo de la propiedad de manera definitiva, a través de una solución consensuada. Se le dio la oportunidad de que ellos buscaran algún posible comprador y el Ayuntamiento diera el visto bueno, ya que no se puede olvidar que el Ayuntamiento es el máximo acreedor del club. Ellos no han aportado ningún comprador hasta el día de la fecha. Y por parte del Ayuntamiento se hizo un trabajo ímprobo por buscar un comprador, se encontró y se le remitió para ver si aceptaba la oferta, pero hubo la callada por respuesta. Y después, en los contactos posteriores, tampoco hubo ningún avance y quedó sin efecto esa oferta. Desde que ocurrió esa situación, ya solo nos queda lo que vaya ocurriendo con los tribunales».

No dudó en denunciar que «en primer lugar se dijo que no por el silencio y con posterioridad, me consta que ellos (los ofertantes) tuvieron la posibilidad de haber entre ellos, pero las peticiones que se planteaban por parte de Gildoy España estaban carente de toda realidad con respecto a los valores de mercado a la hora de comprar un club. Por lo tanto, estamos en una situación compleja con respecto a la solución. Si quieres vender algo con un precio que no tiene, es complicado encontrar compradores».

A este respecto, añadió que «nosotros les hemos pedido (Gildoy) cotización a la hora de hacer una búsqueda de comprador y no nos han dado cotización. ¿Por cuánto quieres vender las acciones? Y la respuesta siempre ha sido la misma, el silencio. Por lo tanto, lo que tenemos es el ‘feedback’ de la persona que es el comprador que nosotros le remitimos y las conversaciones que pudieron tener con él, para más o menos saber por donde se movía la cifra, y si era capaz el comprador de llegar a la cifra que le pusiera encima de la mesa. Por lo tanto, tenemos un conocimiento indirecto o mejor dicho, ninguno, porque no tenemos ninguna respuesta y se le ha hecho la pregunta de manera formal a través de sus abogados y no nos han respondido. Pero nos dicen por parte del comprador que son cantidades que no se pueden asumir ni en Primera División».

Muñoz también lamentó de Pablo Comas que «facilidades no está dando ninguna. Y la solución solo pasa porque algún tercero compre el club porque la sentencia es concluyente. El Ayuntamiento no puede comprar y no puede expropiar. No es una opción, es una obligación. Cuando un juez dice una cosa así, no puedes hacer lo contrario. La única facilitación que podemos hacer es mediante un tercero que se haga cargo del club, con todas las singularidades que quiera y las ayudas institucionales. Todo lo que se pueda ayudar al club, se le ayudará para que siga adelante».

La realidad que asumen por dilucidar el conflicto en los juzgados

«Desconocemos que es lo que pretende Comas, si es jugar con los tiempos para no afrontar los pagos de 2025, no lo sé… Pero jugar con los tiempos siempre es peligroso para las partes que juegan con él. Nosotros no jugamos con los tiempos, porque sería poner en peligro a la institución. Y el Ayuntamiento no juega con los tiempos. Si él lo hace, está poniendo en peligro al Recreativo de Huelva».

Sobre las fechas previstas para conocer la resolución del Tribunal Supremo y si admitirá a trámite o no el recurso de casación, comentó que «pudiera ser que tuviéramos ya noticias del Tribunal Supremo en octubre o noviembre, ya que el recurso se preadmitió hace un mes y medio, y lo normal es que tarde entre cuatro o cinco meses para que se admita a trámite o no de manera definitiva el recurso».

Sobre lo que espera, no dudó en mostrarse realista: «Es complicado, ya que es darle la vuelta a una situación. Lo normal es que te estimen un recurso planteado tras una sentencia de un tribunal como es el TSJA. Por grado de probabilidad, lo normal es que no lo admitan a trámite. Y si pasa ese corte, se gana en posibilidades de que se pueda estimar. Pero pasar ese corte es sumamente complejo».

¿Qué puede ocurrir si vuelve Comas?

Si llegado el caso, Pablo Comas recupera el control del club porque el Tribunal Supremo no admite a trámite el recurso del Consistorio Onubense, el también letrado onubense advirtió que «no solamente tendría que asumir lo que ha puesto el Ayuntamiento hasta ahora, sino cumplir con los pagos del día a día. Desde que el Ayuntamiento expropió sus acciones hasta el día de hoy, ha ido haciendo una serie de transferencias corrientes al club por distintas partidas, que suman aproximadamente más de 30 millones de euros. Y eso se ha hecho a título de dueño, y en el momento que el Ayuntamiento deja de ser dueño esas transferencias ya no son posibles. Por lo tanto, no es posible que el Ayuntamiento afronte el pago de deudas de algo de lo que no es dueño. Esos pagos los tendrá que hacer el dueño y tendría que ser él, el que buscara como hacer frente los pagos que tiene que hacer el Recreativo de Huelva, que no son menores. Además, con el Ayuntamiento el club mantiene una deuda que son todas las aportaciones que se han ido haciendo hasta el día de la fecha. Pero también hay que pagar a unos futbolistas, unos aplazamientos de Hacienda, a la Seguridad Social, al Fondo de Garantía salarial, el Convenio de Acreedores… Y además los pagos más significativos se producen en el año 2025 y, por lo tanto, en el año 2025 resulta que el Ayuntamiento no es el dueño porque hay un Juez ha dicho que no lo es y la sentencia es firme, pues debe ser el nuevo dueño el que busque los recursos para poder pagarla, como es ahora el Ayuntamiento el que los busca para poder pagarla».

Sobre la posibilidad que existe de que Comas decida dejar morir el club, no quiere oír hablar de la posibilidad. «A mí lo que me dolería en el alma que la estrategia de este señor sea el poner en peligro el Recreativo de Huelva para sacar un beneficio particular. Eso me parece horrible y horrendo. No quiero pensar que se esté buscando eso, porque sería muy negativo para el club y para esta ciudad. Y también lo sería para Gildoy si pretende buscar un beneficio. Lo podría haber tenido hace un mes y todavía está a tiempo si viene un comprador serio. Pero el jugar con la institución… Espero que no lo esté haciendo. No se lo recomiendo», señaló.

El Ayuntamiento deja clara su postura

En cuanto a la postura del Ayuntamiento, «será dentro de la legalidad y de lo que marque el juez. Nosotros no podemos contrariar ni contravenir lo que diga un juez, lo que diga la ley o lo que diga el interventor y el secretario municipal. Porque eso es cometer un delito. Por lo tanto, nos tenemos que atener al imperio de la ley y no puede esperar nadie que se haga algo que la ley no permite, ni que se actúe de manera ilegal o contra una sentencia judicial». «Si se produce la ratificación de la sentencia del TSJA, con respecto a la anulación de la expropiación, el Ayuntamiento llegará donde pueda llegar, pero ya no sería dueño. Por lo tanto, ese apoyo que ha ido prestando al club, no la podría llevar a cabo, aunque quisiera», lamentó.

Una situación que dejaría pocas opciones: «Si la sentencia no es revocada, dice de manera clara que el Ayuntamiento no puede adquirir las acciones ni vía compra ni vía expropiación. Eso es lo que dice la sentencia que está recurrida, por lo que si esa sentencia pasara ser firme, el Ayuntamiento no podría hacer nada con respecto las acciones».

También recordó que «llegado el caso, se reclamaría la deuda. Evidentemente, el Ayuntamiento siempre va a facilitar todo al Recreativo de Huelva, a la institución, a la SAD y al Bien de Interés Cultural, para que no esté en una situación comprometida y además ayudará en todo lo que legalmente pueda en cada momento. Pero tiene la obligación de reclamar esa deuda y ya se iría viendo el modo de pagarla». «Cualquier gestor responsable o no responsable lo sabe. Cualquier sociedad tiene que adquirir con sus recursos propios las deudas que tiene y si no es capaz de atenderlas con sus recursos propios, tendría que hacerlo con financiación ajena o con aportaciones de los propios dueños del club, como ha venido haciendo en estos años. El Ayuntamiento ha puesto 30 millones para pagar todas esas deudas originaras por múltiples procedimientos y de impagos de la época de Gildoy. Ellos ya saben lo que hay», señaló.

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